BRUSELAS NO PERMITIRÁ MAQUILLAR LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.
martes, 03 de julio de 2007
La Comisión Europea alerta a las CCAA de la “tentación” de justificar con leves retoques la adaptación a la directiva Bolkestein en materia de comercio interior.
Aviso a navegantes: “Las comunidades autónomas deben evitar la tentación de tratar de justificar la regulación que la regulación actual ya se adapta a la directiva de liberalización de los servicios”. Así se expresó ayer la jefa de unidad de Mercado Interior de la Comisión Europea, María Martín-Prat, sobre la posibilidad de que los Gobiernos regionales modifiquen sólo la justificación de sus normas sobre comercio para evitar la derogación de la mayoría de las trabas que soporta ahora el sector por la entrada en vigor, en 2009, de la llamada directiva Bolkestein.
Aviso a navegantes: “Las comunidades autónomas deben evitar la tentación de tratar de justificar la regulación que la regulación actual ya se adapta a la directiva de liberalización de los servicios”. Así se expresó ayer la jefa de unidad de Mercado Interior de la Comisión Europea, María Martín-Prat, sobre la posibilidad de que los Gobiernos regionales modifiquen sólo la justificación de sus normas sobre comercio para evitar la derogación de la mayoría de las trabas que soporta ahora el sector por la entrada en vigor, en 2009, de la llamada directiva Bolkestein.
Algunos gobiernos regionales ya habían transmitido al sector su preferencia por esta opción, evitando eliminar unos límites que justifican como inherentes al modelo comercial elegido –ver EXPANSIÓN del 23 de diciembre de 2006–.
La posición de Bruselas quedó clara durante el encuentro El futuro de la regulación comercial organizado por la patronal de los supermercados, Asedas, en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Si se dan estas situaciones “se tomarán las medidas oportunas”.
Una de las vías para evitarlo será la evaluación conjunta que incluye la directiva. Es decir, que el resto de los Estados miembro de la UE revisarán la adaptación que haga España de la directiva, y viceversa. De esta forma, Bruselas confía en evitar que la norma se quede en papel mojado.
Además, a partir de la transposición de la directiva, el Estado estará obligado a notificar a la Comisión Europea cualquier nuevo requisito que se exija a una empresa para su implantación.De ahí que Bruselas insista en que el primer paso debe darlo el Gobierno mediante la creación de una “ley paraguas” con la que se eliminen las normas existentes que contradigan la directiva para la liberalización de los servicios. Posteriormente, las comunidades autónomas podrán ajustar esta norma básica a sus circunstancias concretas.
Sin embargo, la norma deja abierto un resquicio legal para que se sigan pudiendo exigir ciertas licencias específicas para autorizar el inicio de actividad. El criterio final de la directiva es que se podrán establecer siempre y cuando los Estados que las apliquen las justifiquen por criterios medioambientales y urbanísticos, aunque siempre y cuando no sean discriminatorios ni desproporcionados. Esto significaría que las autorizaciones para instalar un supermercado o un hipermercado deberán ser iguales en todas las regiones, con los mismos criterios y requisitos.
Segunda licencia
¿Supone esto que la licencia específica para las grandes superficies, conocida como segunda licencia, desaparecerá? Tal y como está configurada en la actualidad, sí. Pero podrá reformularse con otros criterios, según Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU. Por su parte, Manuel Mas, del PSOE, insistió en que la reforma de la segunda licencia debe ser total porque la directiva “dinamita las leyes de comercio de muchas comunidades autónomas”.
En esta misma línea se expresó el diputado del PP Celso Delgado, que reclamó que “la regulación debe ser la mínima posible, con criterios de oportunidad, de equilibrio y de seguridad jurídica”.
Por otra parte, el diputado socialista reclamó una ordenación urbana “adecuada que permita una cierta modulación del crecimiento comercial”.
Mas apostó por transferir parte del control sobre el comercio a los ayuntamientos, para que a través de los planes generales de ordenación urbana delimiten la instalación de pequeñas y medianas superficies y tiendas de descuento. Las regiones mantendrían el poder sobre las grandes superficies por su efecto comarcal, así como la vigilancia de la actividad normativa de los municipios.
Fuente: Portal Farma http://www.portalfarma.com
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